Existe un consenso generalizado sobre la importancia de la educación económica y financiera, no solo por ser un principio fundamental del sistema de protección del consumidor sino además un elemento necesario para avanzar en la inclusión financiera, especialmente de la población más vulnerable.

Los estudios disponibles en la materia reflejan los grandes desafíos que tiene Colombia en este frente. Según Banca de las Oportunidades, menos del 3% de la población no ha recibido educación financiera y de acuerdo con un estudio del Banco de la República y del Banco Mundial de 2013, sólo el 37% de la población adulta realiza planeación financiera.

No obstante, el país ha logrado un avance importante en esta materia con un marco jurídico e institucional coherente con este objetivo.

En efecto, la Ley 1328 de 2009 fijo la educación financiera como un principio fundamental del sistema de protección de los consumidores y hoy existen más de 100 entidades, entre instituciones financieras, colegios, universidades y ONG, que ofrecen programas de educación económica y financiera en el país.

Como complemento y siguiendo los estándares internacionales, en los últimos años se ha venido fortaleciendo el marco institucional en este frente. En 2014 se creó la Comisión Intersectorial para la EEF (CIEEF), en la cual participan más de ocho entidades públicas y hace dos meses instalamos una subcomisión consultiva, en la cual tienen asiento más de 12 entidades privadas. 

Estas instancias han permitido avanzar en la elaboración e implementación de una Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera (ENEEF), la cual precisamente será presentada por parte del Gobierno Nacional este viernes 23 de junio.

Mediante la estrategia se busca contribuir al desarrollo de conocimientos, actitudes y comportamientos de la población, para que los colombianos tomen tomar mejores decisiones en el manejo de sus finanzas y de protección frente al fraude y otros riesgos.

Con este objetivo en mente, la Comisión definió un plan de trabajo focalizado en cinco segmentos poblacionales: educación formal, etapa activa, población vulnerable, microempresarios y la previsión para el retiro y la protección de la vejez.

Allí se incluyen actividades concretas para aumentar la cooperación y articulación público-privada, fijar lineamientos de orientación pedagógicas, fortalecer el contenido y metodologías de los programas existentes y promover la adopción de nuevas tecnologías para facilitar el acceso de la población a esta oferta educativa. Siguiendo las mejores prácticas internacionales en la materia, la estrategia incorpora además un sistema de monitoreo que permitirá evaluar el impacto y hacer seguimiento a las metas allí establecidas.

Se espera que la puesta en marcha de este plan redunde no solo en un buen entendimiento financiero, sino también un camino efectivo para que el diseño de los productos y servicios financieros se centre en las necesidades e intereses de los consumidores y de esta forma avanzar en la ruta de inclusión y desarrollo financiero en el país.

Ana María Prieto Ariza

Unidad de Regulación Financiera (URF)