Colombia ha presentado importantes avances en cobertura financiera[1]. Desde 2015 el país tiene el 100% de cobertura en todos sus municipios. No obstante, la brecha entre la cobertura urbana y rural se ha mantenido. En 2017, las ciudades y aglomeraciones, en donde vive el 67,0% de la población adulta del país, concentraban el 88,5% de los puntos de acceso. Por su parte, los municipios rurales y rurales dispersos, donde vive el 16,6% de la población en Colombia, tenían el 4,1% de los puntos de acceso del país.

Las oficinas estaban mayoritariamente concentradas en las ciudades y aglomeraciones y en los municipios intermedios, con 72,5% (5.667) y 15,7% (1.225), respectivamente. Por su parte, los municipios rurales y rurales dispersos tenían 11,8% (921) de las oficinas del país. Vale la pena resaltar que de las 921 oficinas que había en los municipios rurales y rurales dispersos, 435, es decir, el 47,2% era del Banco Agrario de Colombia.

Al igual que las oficinas, los corresponsales también se concentraban principalmente en las ciudades y aglomeraciones. En 2017, el 77,5% (81.412) de los corresponsales estaban en las ciudades, 12,0% (12.638) en los municipios intermedios y 10,5% (11.054) en los municipios rurales y rurales dispersos. Los datáfonos, por su parte, son los más concentrados en las ciudades. El 91,8% estaba en las ciudades, el 6,0% en municipios intermedios, el 1,6% en municipios rurales y el 0,6% en municipios rurales dispersos (Reporte de Inclusión Financiera 2017).

La participación de las transacciones de corresponsales de los municipios rurales es baja frente a la de las ciudades y municipios intermedios. En los municipios rurales y rurales dispersos se realizaron en operaciones de cash out: el 16,5% del total de los retiros y el 2% del envío de giros. En los movimientos de cash in estos municipios hicieron: el 14,4% de los depósitos, el 6,9% de las obligaciones, el 22,2% de la recepción de giros y el 28,6% de la transferencia de fondos.

Por otro lado, y con respecto a la tenencia de productos[2], la mayor proporción de los adultos con algún producto financiero residía en las ciudades. En efecto, el 87,2% de las personas que vive en las ciudades y aglomeraciones, esto es 19,8 millones, tenía algún producto financiero. En los municipios intermedios, el indicador de inclusión financiera se ubicó en 70,0%, que corresponde a 3,9 millones de adultos. En los municipios rurales y rurales dispersos, el indicador de inclusión financiera fue 65,1% y 54,7%, respectivamente, que equivalen a 2,2 millones de adultos con productos financieros en los municipios rurales y 1,2 millones en los rurales dispersos (Reporte de Inclusión Financiera 2017).

En consecuencia, la diferencia en el indicador de inclusión financiera de las ciudades y de los municipios rurales dispersos ascendió a 32,5 puntos porcentuales, brecha que es similar a la observada en 2016.  Este diferencial en tenencia, también, es evidente en los productos de depósito y en los de crédito.

Mientras que el 82,3% de los adultos que viven en las ciudades tienen al menos un producto de ahorro, en los municipios rurales y rurales dispersos esta cifra equivale al 61,9% y al 52,6%. En cuanto al crédito, en Colombia, los adultos con al menos un producto de crédito fue igual al 44,4% de su población adulta. Este indicador fue superior en las ciudades y aglomeraciones, los cuales tuvieron un uso de este tipo de productos del 51,7%. Por su parte, en los municipios rurales y rurales dispersos el indicador fue del 28,4% y del 23,3%.

Este aspecto de menor participación de los adultos que viven en los municipios rurales y rurales dispersos en el uso de créditos, también, se observa en el número y monto de desembolsos de los créditos de consumo y vivienda (RIF 2017). Durante 2017 se realizaron 10,8 millones de desembolsos de consumo por un monto total de $76,2 billones, donde los municipios rurales y rurales dispersos tuvieron una participación del 0,5% y 1,4%, respectivamente. 

Para la modalidad de vivienda, en 2017, se registraron 186,3 mil desembolsos, equivalentes a $21,4 billones. De este total de créditos de vivienda, los municipios rurales y rurales dispersos tuvieron una participación del 1,1% del número de desembolsos y del 0,7%  del monto desembolsado.

En la modalidad de microcrédito, se colocaron 2,2 millones de desembolsos, equivalentes a $8 billones. Allí, los municipios más rurales tuvieron una mayor participación frente a las otras modalidades, puesto que, si bien 58% del número de desembolsos y del monto desembolsado se concentró en ciudades y aglomeraciones, el 16% del número de desembolsos y 20% del monto desembolsado se enfocaban en municipios rurales y rurales dispersos.

En conclusión, persiste el reto de lograr disminuir las barreras de acceso al sistema financiero en los municipios rurales y rurales dispersos, para que sus habitantes puedan aprovechar los beneficios de los productos y servicios del sistema. Cabe resaltar que esta brecha se da a nivel de acceso mas no de uso, debido que en este último no existen diferencias por nivel de ruralidad. Tampoco, se evidencia una brecha de uso por género en los municipios rurales y rurales dispersos.

[1] La información de cobertura proviene del Formato 534 de la Superintendencia Financiera.

[2] La información de tenencia de productos proviene de Transunion.

Bibliografía:  Reporte de Inclusión Financiera 2017 (RIF 2017).

Daniela Londoño Avellaneda

Banca de las Oportunidades